Hospital de Chillán descarta irregularidades en contratos con sociedad ligada a familia de Camila Vallejo
En detalle, la exministra enfrenta cuestionamientos por eventuales omisiones en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) presentadas durante su paso por el gabinete del expresidente Gabriel Boric.
Según reveló El Líbero, las declaraciones de la exsecretaria de Estado no incluían a su suegra ni a la totalidad de sus cuñados, pese a que la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública exige informar a los parientes por afinidad hasta segundo grado.
El reportaje vincula estas omisiones con la sociedad médica “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”, integrada actualmente por Andrea San Martín Palma (suegra de Vallejo) junto a Claudio Zicavo San Martín, Valeria Zicavo San Martín y Osvaldo Aguiló Melo. La empresa presta servicios oftalmológicos y mantiene contratos con organismos públicos, principalmente con el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.
Según antecedentes obtenidos desde Mercado Público y consignados por el medio, la sociedad registra órdenes de compra aceptadas por más de $2.156 millones entre 2011 y 2026, de los cuales $1.209 millones corresponderían al período del gobierno de Boric.
La investigación además expone que el oftalmólogo Raúl San Martín Geisse, quien, según registros revisados por el medio, comparte vínculos familiares y societarios con Andrea San Martín, participó en algunas comisiones evaluadoras de licitaciones adjudicadas a la sociedad médica y, en otros casos, figura como prestador subcontratado por la misma empresa.
"Contrataciones con fundamentos administrativos"
Tras consultas efectuadas por La Discusión, el Hospital Herminda Martín salió al paso de los cuestionamientos asegurando que todos los procesos se ajustan a la normativa vigente y se realizan bajo los mecanismos establecidos por la Ley de Compras Públicas. La directora (s) del recinto asistencial, Dra. Ximena Espinoza, descartó irregularidades en las contrataciones efectuadas por el hospital.
“Como institución, descartamos que las contrataciones del hospital respondan a decisiones arbitrarias o no ajustadas a la normativa. Toda contratación pública, incluidos los servicios médicos, se realiza conforme a la Ley de Compras Públicas, a través de la plataforma oficial Mercado Público”, señaló.
Explicó que la adquisición de servicios médicos responde a necesidades concretas de atención de pacientes, especialmente en áreas donde se requiere asegurar continuidad asistencial y capacidad de respuesta en prestaciones de alta demanda y complejidad.
"Las compras se realizan a distintos proveedores, como sociedades médicas o personas naturales, que oferten en dichos procesos de licitación y cumplan con los requisitos establecidos en las bases administrativas y técnicas. En el caso consultado, se trata de procedimientos o consultas de oftalmología o trauma ocular grave incluido en el GES como urgencia oftalmológica”, sostuvo Espinoza.
Asimismo, la autoridad enfatizó que la legislación contempla mecanismos de control y excepciones específicas respecto de contrataciones relacionadas con funcionarios o sus familiares.
“Precisamente, la Ley de Compras Públicas establece reglas, límites y controles para que las contrataciones no dependan de decisiones arbitrarias. En ese marco, todas las contrataciones cuentan con los fundamentos administrativos, técnicos y jurídicos que exige la normativa vigente, con el propósito de garantizar la probidad, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos”, explicó la directora (s)."Dicha normativa establece una prohibición general para suscribir contratos con personal del mismo organismo. Sin embargo, también contempla la excepción a aquello, de carácter restringido, que permite contratar de manera excepcional y fundada a funcionarios del organismo o parientes de éstos siempre que existan antecedentes que lo justifiquen. Nuestro hospital cuenta y ha contado con los fundamentos sanitarios, técnicos y jurídicos que respaldan las contrataciones de esta índole, según la normativa citada, incluida su comunicación a la Contraloría General de la República y Cámara de Diputados cuando fuere procedente”.
